Dos investigaciones aportan más evidencia de que está basada en testimonios obtenidos por medio de la tortura la versión oficial sobre el asesinato de seis personas y la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa por parte de la policía la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
La versión oficial se cae a golpes
Anabel Hernández y Steve
Fisher
Proceso 1996, 1/feb/2015
Lo que la PGR no pudo demostrar
con pruebas periciales y científicas lo armó con testimonios de policías de
Iguala y Cocula y del presunto radiocomunicador igualteco David Hernández Cruz
que “confesaron” mediante tortura física y psicológica su presunta
participación en el arresto de los 43 jóvenes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos
que posteriormente entregaron a sicarios de Guerreros Unidos, quienes los
desaparecieron. La “verdad histórica” del procurador Jesús Murillo Karam no se
sostiene, según se desprende de los documentos consultados por Proceso.
La Procuraduría General de la República (PGR) ha recurrido sistemáticamente a golpes y tortura para incriminar a los presuntos responsables del ataque y desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos la noche del pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, y sustentar la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Uno de
ellos es David Hernández Cruz, un empleado de 20 años a quien el procurador
Jesús Murillo Karam identificó como radio-operador de Iguala. Él fue el testigo
estrella para involucrar al exalcalde José Luis Abarca Velázquez en la agresión
a los normalistas.
Durante
los interrogatorios a los que lo sometieron efectivos de la Policía Federal
(PF), Hernández Cruz “confesó” que con la clave A5 Abarca ordenó por radio el
ataque. Y aunque el declarante admitió ser miembro de Guerreros Unidos, la PGR
ordenó su liberación el 14 de octubre pasado, según los documentos consultados
por Proceso.
Las
averiguaciones previas abiertas por la dependencia sobre el caso Ayotzinapa
revelan la sistemática violación a derechos humanos cometidos por uniformados
de la PF y elementos de la Marina con la complicidad de la agente del
Ministerio Público Lourdes López Lucho Iturbide, responsable principal de la
investigación.
Los
reporteros consultaron los dictámenes médicos de 10 policías municipales de
Iguala detenidos el 14 de octubre en el Centro de Adiestramiento Regional de la
Sexta Región Militar, en Tlaxcala, y otros tantos de Cocula.
En sus
declaraciones ministeriales hay una constante: prácticamente todos sufrieron
golpizas; algunos incluso se desmayaron por los toques eléctricos. También
fueron torturados psicológicamente para que se autoincriminaran o denunciaran a
sus compañeros. Al final, todos fueron liberados.
En el
reportaje “La verdadera noche de Iguala”, publicado en su edición 1989, Proceso
mencionó que por lo menos cinco presuntos integrantes del grupo criminal
Guerreros Unidos: Eury Flores, Francisco Javier Lozano, Napoleón Martínez,
Carlos Canto y Raúl Núñez Salgado, cuyo expediente está en la causa penal 48/2014-E-II
fueron torturados para que admitieran su participación en el ataque y
desaparición de los normalistas.
La
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) envió el oficio registrado con
folio 17675 al Juzgado Quinto de Distrito en Iguala para solicitar información
sobre el estado que guardaba la causa penal 4872014-E-II, así como copias
certificadas de los expedientes clínicos.
El 20 de
enero pasado el juzgado fue notificado por la PGR que dos días antes se abrió
en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada
(SEIDO) la averiguación previa AP/1483/ UEIDAPLE/3/2014 por el delito de
tortura de la que pudieron ser víctimas tres de los presuntos delincuentes:
Flores, Lozano y Martínez.
Este
reporte es la segunda entrega de la investigación realizada con el apoyo del
Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California, en
Berkeley, sobre el caso de los normalistas atacados y desaparecidos; la primera
fue publicada por Proceso en su edición 1989.
Los dictámenes
médicos realizados a los policías detenidos por la PGR –quienes mostraban
lesiones provocadas por la tortura– contrastan con los peritajes previos
realizados por el Ejército, pues los uniformados no tenían ninguna huella de
tortura, según la información consultada. Asimismo, los testimonios
proporcionados por sus familiares permiten conocer los horrores cometidos por
el gobierno federal.
El testigo estrella de Murillo
Karam
El 10 de
octubre de 2014 la PGR giró la orden de localización en calidad de testigo de
David Hernández Cruz o Cruz Hernández. Los policías federales ministeriales
Jesús Omar Maciel Álvarez y Miguel Ángel Romero Hernández lo arrestaron ese
mismo día en Iguala a las 15:30 horas.
Según
dijeron, el detenido admitió ser miembro de Guerreros Unidos. Dijo que era
operador logístico en Iguala y que se encargaba de pagar la nómina de los
halcones y funcionarios locales. Incluso mencionó los nombres de los supuestos
jefes del grupo criminal; narró lo que ocurrió la noche en que desaparecieron
los estudiantes normalistas y que los restos óseos localizados en las primeras
fosas no eran los de ellos.
Para
ocultar sus actividades ilícitas, de acuerdo con la versión de la PGR, el
detenido trabajaba como bombero en la Dirección de Protección Civil de Iguala;
también confesó de manera espontánea que el entonces alcalde José Abarca
recibía dinero de Guerreros Unidos.
Ese mismo
día en la SEIDO el perito médico oficial Francisco J. Ramírez Reyes elaboró el
dictamen forense a las 20:30 horas, cinco horas después de la detención del
“testigo estrella”.
Visiblemente
golpeado Hernández Cruz hizo su primera declaración a las 21:00 horas ante el
MP Antonio Suany López (AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/816/2014). Su jefe inmediato,
expuso, era Federico León y “confesó” que era halcón y trabajaba para Berlín y
El Chuky; también involucró a Núñez Salgado, a otros presuntos criminales y a
policías de Iguala.
Dijo que
desde la desaparición de los estudiantes no había hablado con El Chuky ni
mencionó a Abarca Velázquez.
A las 4:30
de la madrugada del 11 de octubre rindió una segunda declaración de nueve
fojas. Dijo que los estudiantes iban armados y que le había llamado El Chuky o
Choky y añadió: “Después de esa llamada escuché por el radio Matra que el
director de la policía municipal (de Iguala) de apellido Valladares dijo que
por órdenes de A5 (Abarca Velázquez)” había que detener a los estudiantes.
Días
después, el 7 de noviembre en conferencia de prensa Murillo Karam afirmó: “El
expresidente municipal de Iguala, quien tenía designada en la comunicación
interna de la policía municipal el código A5, dio la orden a los policías
municipales de contener a las personas que viajaban en esos cuatro camiones,
según declara el propio operador de radio de la central de la policía municipal
de Iguala, David Hernández Cruz…” .
El
procurador no mencionó que el joven había sido torturado por elementos de la
Marina. Hoy se sabe que Hernández Cruz no trabaja ni trabajó en la policía
municipal de Iguala y que era bombero, no radio-operador. Hasta ahora, su
declaración es la única “prueba” de que Abarca Velázquez ordenó el ataque el 26
de septiembre.
El 14 de
octubre a las 8:40 horas la PGR ordenó la libertad inmediata con las reservas
de ley de David Cruz Hernández porque “no se habían reunido elementos para
mantenerlo detenido”. A las 20:00 horas la orden se cumplimentó.
Policías de Iguala
El 27 de
septiembre fueron detenidos los primeros 22 policías de Iguala por su presunta
participación en el ataque, aunque muchos de ellos estaban de descanso. Los
municipales no arrestados ese día fueron convocados a un curso al campo de
adiestramiento número 2 de la Sexta Región Militar, en Tlaxcala.
El 14 de
octubre y de manera sorpresiva, 10 agentes de Iguala fueron arrestados por la
Policía Militar y llevados a la SEIDO: Héctor Aguilar, Alejandro Mota, Verónica
Bahena, Alejandro Lara, Santiago Socorro Mazón, Édgar Vieyra, Óscar Augusto
Pérez Carreto, Enrique Pérez Carreto, Édgar Magdaleno Navarro y Leodan Fuentes
Pineda.
Antes de
ser trasladados a las 20:00 horas de ese día, la “mayor médico cirujano” Flor
María Ayala –en apoyo del centro de adiestramiento regional de la Sexta Región
Militar, que dirige el general Cuauhtémoc Eduardo Ruiz– examinó a cada policía
detenido. Ninguno tenía golpes ni lesiones.
De acuerdo
con los familiares de los policías agredidos, sus parientes les contaron que la
tortura que sufrieron ocurrió en las instalaciones de la SEIDO por parte de
hombres corpulentos vestidos de negro y encapuchados. Durante el maltrato les
preguntaban por los estudiantes desaparecidos y Guerreros Unidos. “¿Por qué
los mataste?”, un golpe, “¿por qué se los llevaron?”, otro golpe, y así hasta
dejarlos en el suelo.
En
documentos de la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/816/2014 aparece el
dictamen médico elaborado por la PGR el 15 de octubre de 2014, por las peritos
María Guadalupe Cázares Ontiveros y Lizbeth Hernández. Las palizas eran
evidentes.
Édgar
Vieyra presentó golpes en la boca, seis moretones lineales en el estómago,
lesiones puntiformes que abarcan un área de 12 por tres centímetros en la
pelvis y múltiples costras en el abdomen –según la PGR, “por arrastrarse en el
piso durante el curso de adiestramiento”, pero en el informe militar no tenía
ninguna lesión.
Alejandro
Mota tenía marcas de golpes de 11 por 5.5 centímetros en el lado derecho de la
cara y el cuello, además de un golpe de ocho por siete centímetros en la
mandíbula. En el hombro izquierdo, tres marcas de 1.5, uno y 0.5 centímetros.
Otro golpe a la derecha del pecho.
Santiago
Socorro Mazón, según el dictamen de la PGR, presentó huellas de un golpe de
cinco por cuatro centímetros en el abdomen y lesiones en la espalda; y Héctor
Aguilar Ávalos tenía marcas lineales rojas que abarcaban un área de ocho por
cinco centímetros en el vientre.
Cuando
Verónica Bahena fue evaluada tenía moretones en el antebrazo izquierdo, en la
rodilla izquierda y golpes en la parte alta del muslo derecho. Según sus
compañeros durante varios días padeció una severa hemorragia uterina por los
golpes.
Alejandro
Lara tenía dos marcas rojas lineales de cinco y de 1.5 centímetros cerca del
oído derecho, marcas de golpes en ambos párpados y en el oído izquierdo, golpes
en el labio inferior, dos marcas puntiformes rojas en la mucosa de la mejilla
derecha y tres en la izquierda, amén de cinco lesiones enrojecidas lineales en
el abdomen, entre otras.
Édgar
Magdaleno Navarro presentó tres costras en el antebrazo y en la cara anterior
de la pierna izquierda. Y Óscar Augusto Pérez Carreto tenía costras en la cara
anterior del antebrazo, mano derecha y codo. Empero, según el dictamen de PGR,
ninguno de los dos “presentaba huellas de lesiones traumáticas externas
recientes”.
Leodan
Fuentes Pineda tenía golpes de 2.5 por un centímetro en la mandíbula, lesiones
en el abdomen y golpes en los muslos y un hombro.
Según el
dictamen, Enrique Pérez Carreto no presentaba huellas de lesiones traumáticas
externas, aunque según sus colegas fue uno de los más lesionados.
Los
familiares hablaron para esta investigación sobre la tortura sufrida por los
policías, luego de meses de silencio por miedo de que sus familiares sufran
represalias.
Aracely
Mota, hermana de Alejandro Mota, señala que su hermano tenía entre 13 y 15 años
trabajando en la policía de Iguala. Acusa que su familiar fue golpeado en la
SEIDO y asienta que, al igual que los estudiantes de Ayotzinapa, su hermano es
una víctima.
Alejandro
Mota laboró el 26 de septiembre pero su hermana asegura que no participó en el
ataque ni en la desaparición. Una vez que lo encarcelaron “estuve todo el día
esperando a que me dieran la visita, sólo pude hablar con él tres minutos, me
dijo que lo habían golpeado mucho y le habían dado toques eléctricos. Tenía la
cara hinchada. ¿Por qué lo golpearon? ¿Para echarle la culpa de algo que no
hizo? ¿Porque el gobierno lo dice?”.
Sue
Martínez es esposa de Héctor Ávalos desde hace 13 años. Platica que su marido
había sido militar. No le gustaba pero era la única forma de salir adelante en
su pueblo. Había una vacante para ser policía y entró. Iba a ser sólo un año
pero decidió quedarse. Su compañero estaba franco el 26 de septiembre y, de
acuerdo con el documento oficial de labores, efectivamente estaba de descanso.
Era chofer de una patrulla.
La mujer
recuerda que el 26 de septiembre su marido estuvo todo el día en la casa. Por
la tarde pasaron al zócalo al acto de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa
del alcalde Abarca. Aproximadamente a las 8:40 de la noche regresaron a su
casa.
Al día
siguiente, la llamó a las nueve de la mañana para avisarle que había habido una
balacera la noche anterior y que los iban a acuartelar en las instalaciones de
la policía estatal. Le comentó que estaban arrestando a algunos compañeros.
Luego se los llevaron a Tlaxcala, donde lo detuvieron. Sólo hasta el 16 de
octubre, a las cuatro de la mañana, el hombre le pudo decir que estaba en la
SEIDO y que lo habían golpeado mucho. El 20 de octubre logró verlo, ya
internado en el penal de Nayarit.
“Mi
esposo estaba desesperado porque sentía que se iba a morir ahí de como lo
habían golpeado”. Le comentó que a causa de las tundas se desmayó dos veces,
pero lo levantaron a patadas. “Querían que se echara la culpa”.
Laura
Martínez, esposa de Alejandro Lara, manifiesta que su esposo también estaba de
descanso y que el 26 de septiembre estuvieron juntos todo el día. A las nueve
de la noche se encontraban en un entrenamiento de basquetbol de su hija, lejos
del centro.
De
acuerdo con la documentación a la que se tuvo acceso, en las declaraciones
ministeriales rendidas por los 10 policías de Iguala al menos uno de ellos
pidió al abogado de oficio que interpusiera una queja ante la CNDH “contra los
policías federales que nos detuvieron, nos golpearon y querían a fuerzas que
dijéramos dónde estaban los cuerpos,
***
“Se lastimaban solos”, dicen marinos
Gloria Leticia Díaz
Proceso 1996, 1/feb/2015
La versión oficial sobre Ayotzinapa se basa en
declaraciones autoinculpatorias. Pero al menos una decena de detenidos
mostraron huellas de tortura, de acuerdo con los propios expedientes. De hecho,
marinos y policías han tardado hasta 11 horas en poner a disposición del
Ministerio Público a algunos capturados. Según testimonios de los marinos, los
capturados se golpearon solos. Amnistía Internacional lo tiene claro: Los
abusos “pueden derivar en que el caso se caiga. Si se llegan a demostrar
violaciones al debido proceso, la PGR estaría resolviendo un caso icónico de
violaciones a derechos humanos con más violaciones a derechos humanos”.
Detrás
del rechazo a la versión oficial sobre el destino final de los 43 normalistas
de Ayotzinapa está la presunción de que la tortura fue uno de los métodos
utilizados para “esclarecer” el caso que ha marcado al gobierno de Enrique Peña
Nieto.
La
sospecha no se basa sólo en los hematomas y ojos hinchados que muestran los
acusados en videos y fotografías presentados por la Procuraduría General de la
República (PGR), sino en evidencias asentadas en el expediente de la
dependencia.
La noche
del 27 de enero, horas después de que el procurador Jesús Murillo Karam
encabezara una conferencia de prensa, padres de familia de los desaparecidos y
sus abogados cuestionaron que la “verdad histórica” se soporte en declaraciones
de delincuentes.
En un
documento titulado Diez razones para no cerrar Ayotzinapa, los padres y
abogados advierten que “la información dada a conocer por la procuraduría
depende en exceso de declaraciones rendidas ante Ministerio Público que
fácilmente pudieron ser coaccionadas, pues es de todos conocido que en México
la tortura es recurrente”.
El 28 de
enero Amnistía Internacional (AI) dio a conocer una carta firmada por su
directora para las Américas, Erika Guevara Rosas, dirigida a Murillo Karam, en
la cual alertaba: la versión oficial de que en el basurero de Cocula se produjo
un incendio que destruyó los restos de los 43 jóvenes “se sostiene sólo por
declaraciones autoinculpatorias y con un mínimo de pruebas periciales”.
Al
recordar que AI ha documentado desde hace años decenas de casos de tortura en
México, Guevara Rosas anunció que su organización tiene “conocimiento” de que
algunos de los procesados por la desaparición de los normalistas “alegaron
haber sido torturados durante la detención”, por lo cual le pidió a Murillo
Karam investigaciones al respecto.
El hombre que tropezó
En el
expediente de la PGR revisado por Proceso hay ejemplos claros que apoyan las
sospechas de familiares y organizaciones.
Uno de
ellos es el de Raúl Núñez Salgado, El Camperra, quien, según los marinos David
Ramírez Alcaraz y Carlos Gutiérrez Silva, fue detenido en Acapulco el 14 de
octubre a las 21:30 horas y puesto a disposición del Ministerio Público a las
8:50 horas del día siguiente.
De
acuerdo con el documento integrado en la averiguación previa
PGR/SEIDO/UEIDMS/816/20114, Núñez Salgado estaba dentro de una camioneta
estacionada en una de las calles del puerto cuando fue detenido por posesión de
enervantes durante un patrullaje.
Cuando
los marinos le pidieron que descendiera del vehículo, “intentó darse a la fuga
y en dicha acción tropezó al descender del vehículo, provocándose algunas lesiones
en distintas partes del cuerpo”.
Tras
confirmar que no portaba armas y llevaba 970 pesos y siete dólares, el detenido
–declararon los militares– les pidió sus números de cuenta para depositarles
dinero a cambio de dejarlo libre, no sin antes confesarles su pertenencia al
Cártel Guerreros Unidos, del que mencionó algunos presuntos integrantes. El
ofrecimiento, asentaron, fue rechazado.
“Es de
señalar que en el momento en que se le indicó que sería trasladado a la Ciudad
de México, (la) citada persona en forma rápida dándose la vuelta trató de
desarmar al marino Carlos Gutiérrez Silva, ante estos hechos de agresión nos
vimos obligados a realizar labores de sometimiento y evasión ante el peligro
inminente que corría nuestra integridad física y la de la misma persona
asegurada”, narraron los marinos.
En la
puesta a disposición, los aprehensores contaron que Núñez Salgado “se aventó
contra los tubos que se encuentran en la batea de la camioneta, golpeándose la
parte del oído, cara y diferentes partes del cuerpo; ante su agresividad se
determinó que sería trasladado en el interior de la cabina”.
A pesar
de la medida de seguridad, los marinos aseguraron que el detenido mantuvo su
actitud: “Cuando se estaba acomodando, nuevamente se portaba de forma agresiva,
diciendo que se lo íbamos a pagar, que no sabíamos con quién nos estábamos
metiendo, que a él se la pelan, provocándose lesiones en el interior del
vehículo, golpeándose la cara contra la camioneta diciendo que iba a decir que
nosotros lo habíamos golpeado; manifestando que nos iba a ir mal, que él
conocía sus derechos y que tenía conocidos en la Comisión Nacional de (los)
Derechos Humanos y que nos iba a acusar con ellos”.
Para
justificar el arribo de Núñez Salgado a las instalaciones de la Subprocuraduría
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) 11 horas
después de la detención, los marinos alegaron que condujeron “en forma lenta
moderada”, pues su vehículo tenía “fallas mecánicas” y para colmo se les ponchó
“la llanta delantera izquierda”.
Al ser
entregado “se solicitó que un médico naval certificara la integridad del
asegurado, toda vez que en todo el camino venía agresivo, golpeándose él mismo
en contra de la camioneta, y en adición al tránsito vehicular de esta ciudad”
es que llegaron tarde.
En el
certificado médico firmado por el teniente de corbeta Héctor Rodrigo Cardoso
Enciso, se clasificaron como “hallazgos de importancia” un derrame y un moretón
en el ojo izquierdo, huellas de golpes en la espalda, pierna derecha, glúteo izquierdo,
cara y cuello.
En el
dictamen de integridad física de la PGR, firmado por Alejandrina Álvarez
Martínez, se identifican al menos 30 puntos en el cuerpo con lesiones en ojos,
cuello, cara, una oreja, cabeza, brazos, manos, pecho, espalda, hombros, piernas,
y de viva voz el detenido manifestó sentir un “intenso dolor en el ojo
izquierdo con lagrimeo y dolor en muslo izquierdo, con dificultad para realizar
la deambulación”.
La perito
de la PGR recomendó que Núñez Salgado fuera enviado “al hospital para
valoración por médicos especialistas en oftalmología y traumatología y
ortopedia”.
En su
declaración ministerial, rendida a las 6:40 horas del 16 de octubre, el
detenido expresó que fue detenido en el estacionamiento del casino Play City de
Acapulco, que no llevaba armas ni drogas y que su pasaporte le fue robado por
marinos que ingresaron “con anterioridad” a su casa.
Ante las
lesiones que presentaba, Núñez Salgado anunció que presentaría una denuncia
“contra los marinos” que lo detuvieron, y una queja ante la CNDH “por violación
a sus derechos humanos”.
De la mano y en actitud sospechosa
Otro caso
ilustrativo se consigna en un documento firmado por los policías federales
ministeriales Jazmín Galicia Guzmán, Carlos Villaseñor Evaristo y Omar Evaristo
Vega Leyva, así como por los oficiales de Marina Jairo Antonio Flores
Hernández, Vidal Vázquez Mendoza y Rubén Edison Irraestro. En él se da cuenta
de la detención de tres personas en Cuernavaca, Morelos, el 8 de octubre a las
12:00 horas, que fueron puestas a disposición de la autoridad ministerial a las
23:30 horas de ese día.
En una
operación conjunta, ahí relatan cómo detuvieron en el centro de Cuernavaca a
Osvaldo Ríos Sánchez, El Gordo; a su hermano Miguel Ángel Ríos Sánchez, El
Pozole, y a Carlos Pascual Cervantes Jaimes, El Pollo, a quienes supuestamente
les aseguraron un arma larga calibre 7.62, una granada, mariguana y cocaína.
De
acuerdo con el documento, los detenidos “de forma voluntaria y espontánea”
aceptaron formar parte de Guerreros Unidos y estaban “arrepentidos de la muerte
de los estudiantes, que ellos, junto con los del cártel, habían matado a los
estudiantes” y que “los enterraron (…) en las inmediaciones de Pueblo Viejo,
Guerrero”.
Los
agentes y militares sostienen que en el traslado de Cuernavaca a la Ciudad de
México se les ponchó una llanta y uno de los vehículos “venía presentando
fallas en el motor, es decir venía calentándose”, de ahí que se vieran
obligados a conducir a “baja velocidad” y detener la marcha “cada 20 o 30
minutos”.
Y para
colmo, “ya entrando a esta ciudad por las marchas que estaban pasando en la
Ciudad de México, Distrito Federal”, fue que tardaron nueve horas y media en
llegar.
En la
revisión del expediente de la PGR, Proceso localizó tres detenciones en las que
participaron marinos que involucran a cinco personas, cuyos certificados
médicos fueron elaborados por el perito de la PGR Francisco Ramírez Reyes el 10
de octubre, quien da cuenta de lesiones en cuatro de los detenidos.
Ése es el
caso de David Cruz Hernández, bombero del municipio de Iguala, a quien la
dependencia identifica como “operador logístico” de Guerreros Unidos.
En
cumplimiento a una orden de localización de la SEIDO, los agentes Jesús Omar
Maciel Álvarez y Miguel Ángel Romero Hernández informaron en un oficio que, a
las 15:30 horas del 10 de octubre, ubicaron a Cruz Hernández en Iguala, quien
de manera voluntaria aceptó acompañarlos a las instalaciones de la dependencia.
En el
documento PGR/AIC/DGIPAM/PD/12464/2014 se asienta: “Es de suma importancia hacerle
mención que David Cruz Hernández, al momento de localizarlo, presentaba a
simple vista lesiones diversas en la cara, al ser cuestionado sobre el origen
de las mismas nos dijo que en la mañana había sostenido una riña con sujetos de
los que omitió mayores datos”.
En el
dictamen del perito legista, firmado a las 20:30 horas del mismo día de la
detención, se consignan huellas de golpes en la mandíbula, frente, pómulos, ojo
derecho, hombro derecho, pecho, espalda, cadera, lesiones que “refiere se las
causaron marinos el día de hoy por la mañana”.
En otro
documento fechado en Iguala el 9 de octubre, se informa que a las 23:00 horas
de ese día efectivos de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron a Luis
Alberto y José Adán Estrada Montes de Oca y Raymundo Salvador Bernal.
En la
puesta a disposición firmada por los marinos Artemio Navarro Jiménez, Ramiro
Cruz de Jesús y Ricardo Alfredo Díaz Ambriz, ellos indicaron que en un
patrullaje advirtieron a tres hombres “que se encontraban en actitud
sospechosa” y corrieron. Según el documento, al darles alcance los marinos les
aseguraron dos fusiles AK-47 y una escuadra 9 mm.
El examen
físico, datado el 10 de octubre, certificó heridas en los tres detenidos en
diversas partes del cuerpo, y en el caso de Luis Alberto Estrada Montes de Oca
recomendó “valoración por servicio médico hospitalario para valorar lesión ósea
de huesos propios de la nariz”.
Efectivos
de la Semar también actuaron en el arresto de Ramiro Ocampo Pineda y Rosario
Manuel Borja, quienes fueron interceptados en Iguala el 9 de octubre, día en
que los pusieron a disposición de la delegación de la PGR en Iguala, pero a
quienes se les valoró físicamente un día después.
Según la
puesta a disposición firmada por los marinos Celso Mario Rendón Mejía y Reynel
Calvo Molina, “mediante labores de inteligencia y análisis de información
contenida en denuncias ciudadanas”, a las 16:30 horas detuvieron a Ramiro y a
Rosario, “los cuales venían caminando y agarrados de la mano (…) en actitud
sospechosa”.
De
acuerdo con el parte, a la pareja se le decomisó mariguana, una “granada de
guerra” y 2 mil pesos, y sin mediar palabra los detenidos confesaron formar
parte de Guerreros Unidos y que Ramiro participó en “la ejecución de los
estudiantes de Ayotzinapa”. Después de esas revelaciones y antes de llevarlos
al Ministerio Público, los marinos leyeron “la cartilla de derechos que les
asisten a las personas detenidas”.
En el
dictamen pericial, el médico Ramírez Reyes refirió que Rosario “no presenta
huellas de lesiones externas recientes”, no así su compañero, lastimado en
mejillas, mandíbula, cuello, un ojo, un pómulo, pecho, costado, un brazo,
muñeca y oídos, y sugiere que “sea valorado, de continuar con molestias de
mareo, por el servicio hospitalario y especialista en otorrinolaringología y se
descarte patología”.
Ante la
posibilidad de que algunas de las 99 detenciones de presuntos involucrados en
la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa –y la muerte de seis
personas– estén vinculadas con la tortura, el director en México de AI, Perseo
Quiroz Rendón, advierte que la “verdad histórica” de Murillo Karam puede
derribarse.
“Siendo
una práctica generalizada, la tortura en México ha sido utilizada en la mayoría
de los casos de alto impacto”, comenta en entrevista. “Ahí están los
feminicidios y los bombazos en Ciudad Juárez, o la masacre de Villas de
Salvárcar, también en esa ciudad, en los que se recurrió a la tortura y las
violaciones al debido proceso para cerrar los casos y mostrar a la opinión
pública que se está haciendo algo”.
Quiroz
advierte que su organización se toma en serio los señalamientos de abusos en el
caso Ayotzinapa, que “pueden derivar en que el caso se caiga”.
Sostiene:
“Si se llegan a demostrar violaciones al debido proceso en el caso de los
normalistas, la PGR estaría resolviendo un caso icónico de violaciones a los
derechos humanos con más violaciones a derechos humanos, dejando a las víctimas
sin justicia”.
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